Fiscales de Santa Cruz rechazan proyecto que reestructura el Ministerio Público y advierten sobre riesgos institucionales

A través de un comunicado difundido recientemente, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Santa Cruz, con el respaldo de los Consejos de Procuradores y Fiscales Generales y de Política Criminal, manifestó un fuerte rechazo al proyecto de ley presentado ante la Legislatura provincial que propone la reposición del Dr. Eduardo Sosa como Procurador General del Tribunal Superior de Justicia y una reestructuración profunda de las funciones del Ministerio Público Fiscal y Pupilar.

Aunque la iniciativa se presenta como una supuesta “reparación histórica”, los fiscales advierten que su aprobación significaría un retroceso institucional de gran magnitud. Según el documento, el proyecto altera la jerarquía y funcionamiento del Ministerio Público, comprometiendo su autonomía funcional y debilitando los principios del sistema acusatorio vigente.

Uno de los aspectos más cuestionados por los fiscales es la intención del proyecto de establecer al Procurador General como jefe directo de los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y Pupilar, con línea de subrogación dentro del Tribunal Superior de Justicia. Esta estructura, advierten, podría romper el equilibrio de poderes y abrir la puerta a injerencias políticas.

“Cualquier modificación que reubique funciones, limite la independencia o centralice decisiones bajo criterios políticos constituye un retroceso respecto del principio de separación de poderes y de la estructura tripartita consolidada en la reforma constitucional de 1994”, señala el comunicado.

Los firmantes recalcaron que la defensa de la estabilidad funcional y la autonomía del Ministerio Público no responde a intereses sectoriales, sino a un compromiso con los principios republicanos y la ciudadanía. “La defensa de la autonomía del Ministerio Público Fiscal y la independencia judicial es defender la República y la Constitución”, afirmaron.

Asimismo, hicieron un llamado explícito a los legisladores provinciales a actuar con responsabilidad institucional y a evaluar el impacto de este tipo de reformas sobre la justicia penal, la transparencia y la confianza pública.

El comunicado lleva la firma de fiscales de diversas circunscripciones judiciales de Santa Cruz, entre ellos los Dres. Carlos Rubén Rearte y María Verónica Zuvic (fiscales ante las Cámaras de Apelaciones), junto a representantes de primera instancia de ciudades como Río Gallegos, Caleta Olivia, El Calafate, Puerto Deseado, Pico Truncado, Puerto San Julián, Río Turbio, Las Heras y Puerto Santa Cruz.

También adhiere el Dr. Lisandro Gabriel De La Torre, fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, lo que marca una postura institucional sólida y unificada frente a un proyecto que consideran de alto impacto para la justicia provincial.