Pidieron apartar al Fiscal de Estado Ramiro Castillo de la causa que frenó la elección de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz
El gremio sostuvo que existe un conflicto de intereses porque los funcionarios son candidatos a ocupar un lugar en la máxima instancia judicial de la provincia.
El secretario general de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz, Franco Mascheroni presentó un escrito para que el Fiscal de Estado, Ramiro Esteban Castillo, y los abogados de su dependencia sean apartados de la causa que frenó la elección de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz.
El planteo se fundamenta en que Castillo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para integrar el máximo tribunal de Santa Cruz y por ello, sostienen, que el funcionario tiene un interés personal, concreto y actual en el resultado del litigio, lo que comprometería la objetividad con la que debe representar al Estado Provincial.
El conflicto se da en el marco del amparo que derivó en una medida cautelar dictada por el juez Marcelo Bersanelli, la cual suspendió de manera cautelar el tratamiento legislativo de los pliegos para ampliar el TSJ de tres a cinco miembros.
Esa resolución buscó frenar el avance del oficialismo en la Legislatura, sin embargo este martes el bloque oficialista que responde al gobernador Claudio Vidal comenzó a analizar los pliegos de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, entre ellos el propio Castillo. En paralelo, la oposición y distintos sectores cuestionaron la constitucionalidad de la ley que permitió la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y el avance del tratamiento en la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos en medio de la cautelar.
Ramiro Esteban Castillo comparte la cuarta terna presentada por el gobernador Claudio Vidal junto con José Antonio González Nora y David Ezequiel Ghizzardi.
“Interés personal”
En su presentación, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales señaló que el Fiscal de Estado no puede actuar en causas donde exista un interés personal que pueda afectar su imparcialidad. Recordaron que la Constitución Provincial equipara los estándares éticos de ese cargo con los de los vocales del TSJ y que, en situaciones de conflicto, corresponde apartarse de la intervención.
“El Dr. Castillo ostenta un interés particular en el resultado del litigio, dado que su propia candidatura al cargo de vocal depende de que se deje sin efecto la medida interina”, expresa el escrito.
Juan Lucio Ramón De la Vega también fue observado
El gremio también advirtió que la eventual delegación de la defensa en otro abogado de la Fiscalía no solucionaría el problema, ya que los letrados actúan bajo las instrucciones del propio Fiscal de Estado. A esto se suma que otro integrante de la dependencia, el Dr. De la Vega, también fue propuesto como candidato al máximo tribunal, lo que amplía el alcance del conflicto de interés.
Es que en otra de las ternas para cubrir otra vacante, el gobernador Claudio Vidal propuso a Juan Lucio Ramón De la Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila.
El planteo se apoya en la Ley 3034 de Ética Pública, que obliga a los funcionarios a abstenerse de intervenir en asuntos donde tengan un interés particular que pueda afectar su independencia. “La sola existencia de un interés personal directo es suficiente para activar la obligación de apartamiento”, remarcan los judiciales en su presentación.
Por todo ello, solicitaron al tribunal que se disponga formalmente el apartamiento del Fiscal de Estado y de los abogados de su dependencia, con el objetivo de garantizar que la representación del Estado se ejerza con plena independencia y en defensa del interés público.