El Gobierno denunció una “operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios de Karina Milei

El Gobierno Nacional denunció este lunes ante la Justicia federal una presunta “operación de inteligencia ilegal” que tuvo como presunto objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la difusión de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios del Ejecutivo.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y quedó radicada en el juzgado federal N.º 10. En el escrito se señala que la maniobra constituye “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y que se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.

Según la denuncia, los hechos configuran una secuencia organizada que incluyó espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su posterior difusión con fines políticos, justo en la antesala de las elecciones legislativas. La gravedad institucional —insisten— se potencia por la posibilidad de que las grabaciones se hayan realizado dentro de la propia Casa Rosada.

El Gobierno pidió como medida cautelar urgente la prohibición de cualquier nueva publicación, reproducción o circulación de los registros obtenidos ilegalmente, y solicitó al juez que disponga allanamientos y peritajes digitales para determinar el origen, edición, metadatos y cadena de custodia de los audios.

En paralelo a la vía judicial, la Casa Rosada trabaja para determinar si los audios fueron intervenidos digitalmente y si el contenido fue editado con fines de manipulación política.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, también se expresó en sus redes. “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, escribió. Y remarcó que el objetivo fue “condicionar al Poder Ejecutivo”.

Además, se advirtió que cualquier nueva difusión de audios será considerada una prolongación del delito inicial, y no un hecho aislado. La estrategia denunciada incluye —según el Gobierno— una secuencia cíclica de “rumores, filtraciones, difusión y especulación política”, que se renueva cada vez que el impacto mediático comienza a perder efecto.

“La intervención judicial resulta imprescindible para reafirmar que ninguna operación de este tipo puede mancillar la soberanía popular ni suprimir las reglas de juego sobre las que se desarrolla la contienda electoral”, concluye la presentación.