18 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba
El 4 de abril de 2007 marcó a Neuquén para siempre. El asesinato del docente Carlos Fuentealba en medio de una brutal represión policial, y en manos de un policía que disparó una escopeta de gas lacrimógeno directo a su cabeza, inició una lucha por justicia que 18 años después sigue vigente, para que nunca más los reclamos de la sociedad sean respondidos con represión.
El caso del docente asesinado trascendió las fronteras de Neuquén y la lucha incansable de su compañera Sandra Rodríguez, sus hijas Camila y Ariadna y del sindicato docente ATEN se conoció en todo el país.
El reclamo en aquella jornada imborrable, especialmente en las pupilas y el alma de todos los maestros y maestras que aquel 4 de abril habían salido a la ruta a reclamar por mejoras en sus salarios, había comenzado varios días antes.
Brutal asesinato del docente Carlos Fuentealba
En aquel encontes, los docentes nucleados en ATEN habían decido en asamblea continuar con su reclamo de mejora salarial y mejores condiciones laborales. Ese reclamo había comenzado en los primeros días de marzo y solo habían tenido una reunión con la cúpula provincial que estaba dirigida por el ex gobernador Jorge Sobisch.
Hacía más de un mes que los docentes llevaban adelante una medida de fuerza y decidieron endurecerla con una protesta sobre la ruta 22 a la altura de Arroyito.
La caravana de autos desde la capital arrancó temprano. Y una vez que docentes de toda la provincia estaban sobre la ruta, el secretario general del gremio, Marcelo Guagliardo, recibió un aviso, de parte del funcionario Mario Rinzafri, para que se retiraran.
El dirigente le explicó que eran muchos en la manifestación y que necesitaba tiempo para dar marcha atrás, pero ese tiempo nunca llegó y comenzó la represión. Hubo varias oleadas represivas que generaron corridas de maestros. Algunos se refugiaron en la estación de servicio, otros en sus vehículos y otros donde podían.
Las imágenes capturadas por los fotógrafos y camarógrafos, que estaban trabajando en aquella fatídica jornada y que sirvieron luego para el juicio, mostraron a varios policías uniformados e incluso a otro de civil (Benito Matus) disparando a mansalva.
Carlos Fuentealba había salido esa mañana de su casa. Su compañera de vida, Sandra Rodríguez, también era docente, pero en familia decidieron que iba a ser él el que acompañara la lucha, mientras que ella se quedaba con sus hijas Ariadna y Camila.
Hablaron por teléfono por última vez esa mañana. Él le dijo que estaba todo bien, ella estaba preocupada. Más tarde recibió la peor noticia. El maestro, que hacía tan solo 3 años se había recibido, corrió por la ruta 22 y logró meterse a un Fiat 147 que manejaba un compañero. Pero ese camino fue muy corto, metros adelante Carlos recibió un disparo directo a su cráneo.
El rumor de que habían disparado a un maestro se escurrió entre todos los manifestantes, quienes no podían creer lo que estaba pasando. Lo sacaron del auto y lo pusieron sobre el asfalto, una hilera de maestros defendió su cuerpo del avance de los policías de las fuerzas especiales.
Llegó la ambulancia y lo llevó hasta el Hospital Castro Rendón, donde un día más tarde falleció.
El juicio se llevó adelante en el edificio de la vieja Legislatura. La compañera de Carlos, Sandra Rodríguez, estuvo presente casi todos los días. Incluso en la audiencia en que el perito forense mostró las fotos del cuerpo de maestro asesinado y dijo que "le hicieron papilla el cerebro".
También hubo un amplio análisis sobre los movimientos policiales y su represión a los docentes. Aunque faltó a algunas de las convocatorias, finalmente el ex gobernador Jorge Sobisch se sentó frente al tribunal para dar cuenta de lo que sabía sobre el accionar policial. Pero no se acordaba mucho.
Tras largas, intensas y duras audiencias llegó la condena. Fue el 8 de julio de 2008 cuando los jueces dieron su veredicto ante una sala llena y una calle también repleta de ansias de justicia.
La Cámara Criminal Primera, integrada por Luis María Fernández, Mario Rodríguez Gómez y Héctor Dedominichi, dictó la prisión perpetua para el ex cabo Darío Poblete, por el crimen del docente Carlos Fuentealba. Además, dictaminó la inhabilitación perpetua absoluta para el policía.
Los jueces consideraron a Poblete autor del delito de homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro integrante de las fuerzas policiales, abusando de su función, con el agravante de haber sido cometido con violencia mediante el empleo de un arma de fuego, agravado por alevosía.
La causa Fuentealba II comenzó casi al mismo tiempo que la primera, pero terminó más de una década después. La querella que conformó la familia de Carlos reclamaba un segundo juicio para analizar las responsabilidades políticas del asesinato y de la represión sufrida por los docentes.
La discusión giraba alrededor de si la querella podía avanzar sin el acompañamiento de la Fiscalía. El derrotero fue muy largo, llegó al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Corte Suprema de la Nación, desde donde cerraron la causa sin juicio.
Pero la familia de Fuentealba y ATEN insistieron ante la Corte Suprema de la Nación que definió el regreso del trámite a Neuquén y ordenó que se haga el juicio.
Se realizaron diferentes audiencias entre el 2019 y el 2022 y finalmente se realizó el juicio el 14 de marzo de 2023.
El 17 de marzo del 2023 el Tribunal, compuesto por los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Diego Chavarría Ruiz, encontró culpable del delito de abuso de la autoridad a cinco de los ocho ex funcionarios y policías que actuaron al frente del operativo represivo del 4 de abril de 2007. A otro de los acusados lo responsabilizó del delito de abuso de armas agravado por ser funcionario policial al disparar contra un vehículo en el que se trasladaba un grupo de docentes.
La justicia declaró la responsabilidad de 6 de los 8 efectivos policiales que fueron acusados por su intervención en el operativo en el que se produjo el homicidio del docente Carlos Fuentealba.
Los condenados fueron Benito Ariel Matus, Carlos Zalazar, Mario Rinzafri, Jorge Garrido, Adolfo Soto y Moisés Soto. El primero, por abuso de armas agravado, mientras que los restantes fueron declarados responsables por el delito de abuso de autoridad.
Aquiles González y Julio Lincoleo fueron absueltos. Estaban acusados por encubrir a José Darío Poblete, quien en 2008 fue condenado como el autor del homicidio de Fuentealba.