Actualidad Por: SS28 de enero de 2025

Detuvieron en España al capitán de un buque pesquero requerido por trata de personas contra marineros senegaleses de su tripulación

 La Policía española detuvo con fines de extradición al capitán de un buque pesquero de ese país que navegó por aguas jurisdiccionales y llegó a amarrar en las islas Malvinas, en el marco de una investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, por acogimiento y recepción, triplemente agravado por haber aprovechado de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, el haber consumado la explotación y la pluralidad de víctimas -marineros integrantes de la tripulación-, una de ellas de nacionalidad senegalesa, identificada y rescatada de la embarcación.

La pesquisa que involucra al imputado, de nacionalidad española y de 56 años de edad, es motorizada desde junio de 2017 por la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal federal Lucas Colla, luego de que la Prefectura Naval Argentina (PNA) evacuara de aquel buque a un marinero senegalés en estado de salud crítico, cuando navegaba a 135 millas náuticas de la costa de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.

La situación de salud del marinero senegalés -rescatado en estado de coma- y su posterior declaración en sede judicial permitieron al Ministerio Público Fiscal avanzar sobre la hipótesis criminal del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, dado que -entre otros detalles- el marinero sostuvo que realizaba trabajos agotadores de hasta 22 horas al día, los siete días a la semana, en condiciones insalubres, sin vestimenta adecuada y escasa alimentación, por la que recibía un salario por debajo del mínimo establecido en los estándares internacionales. Añadió que el contrato de trabajo tenía una extensión de meses, que podía llegar a dos años.

Luego de que recompusiera su estado de salud, la víctima prestó declaración testimonial. Posteriormente, se gestionó su partida a su pueblo natal, con la intervención del área de Trata de Personas y del Programa de Asistencia a las Victimas del entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que articuló con la Organización Internacional para las Migraciones su reinserción laboral en Senegal.

La detención del capitán de la nave fue ordenada el 13 de noviembre pasado por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, que emitió a través de INTERPOL la notificación roja correspondiente a pedido del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades españolas concretaron el arresto el 18 de diciembre. Dos días después, el juzgado requirió a la Cancillería que gestione con el Reino de España la extradición del imputado.

El caso fue impulsado desde el inicio por la Fiscalía Federal (tras la implementación del proceso acusatorio, hoy denominada Sede Fiscal Descentralizada) de Caleta Olivia, que propició la competencia del Poder Judicial de la Nación a partir de los datos de navegación del buque provistos por la PNA. Con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), el Ministerio Público Fiscal requirió en octubre de 2019 la convocatoria a prestar declaración indagatoria para el capitán de la nave, a quien imputó el delito de trata de personas agravada por el número de víctimas.

La orden judicial que dispuso el llamado a indagatoria fue dictada el 26 de febrero de 2024. Posteriormente, en junio, la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Buenos Aires libró una notificación azul para recopilar información sobre el capitán y sus actividades. Las oficinas de INTERPOL Madrid y Montevideo proporcionaron información que permitió confirmar la identidad del capitán y las listas de tripulantes, y la posterior emisión de la notificación roja para el arresto del imputado.

De acuerdo con la imputación, el capitán de la nave aceptó y albergó el 15 de febrero de 2017 dentro de la tripulación a su cargo a un marinero senegalés, entre al menos tres más, "de cuyas situaciones de vulnerabilidad se abusó". Según se especificó, las víctimas fueron contactadas previamente a través de la empresa armadora, que les pagó el pasaje en avión desde Senegal hasta Cabo Blanco, en Mauritania -desde donde partió el buque-, "para explotarlos, depositándoles una suma de dinero inferior al salario mínimo, cumpliendo jornadas laborales de alrededor de veintidós horas diarias, de lunes a lunes, en el área de fileteado en la bodega del B/P [buque pesquero], sin descanso ni asistencia médica apropiada, no aportándole lugar de descanso ni esparcimiento, ni ropa pertinente, con ausencia de condiciones salubres de higiene y alimentación adecuada, generándole [al marinero identificado] un cuadro de desnutrición, hipotermia y deshidratación, hasta el día 05 de junio de 2017, momento en que se tuvo que ordenar el desembarco urgente de la víctima" a 135 millas náuticas de la ciudad de Puerto Deseado.

La imputación añade que la víctima llegó al hospital de esa ciudad en estado de coma, "no ubicado en tiempo y espacio y con afectación del sensorio motriz (hipotímico), pese a haber ingresado al Buque Pesquero en condiciones de apto físico”.

La fiscalía investiga el caso con la asistencia de la PROTEX, de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional (DIGCRI) y de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI). Con el asesoramiento de esta última, el MPF procura información del buque, por ser elemento del delito investigado. Esa pretensión tramita en un legajo separado y fue rechazada en primera instancia por el Juzgado Federal de Caleta Olivia. Actualmente se encuentra apelada por la fiscalía.

En el marco de la investigación, la fiscalía también está recibiendo apoyo del Programa de Seguridad Ambiental de INTERPOL, a través de su proyecto financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), centrado en la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), con el objetivo de analizar e identificar buques de pesca de larga distancia que operan ilegalmente en el mar, y de la Unidad de Tráfico de Personas y Contrabando de Migrantes de INTERPOL, en el marco de la Operación LIBERTERRA II.
 

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