El Gobierno prorroga contratos de empleados públicos hasta el 31 de marzo
El Gobierno nacional anunció la prórroga de contratos para aproximadamente 40.000 empleados públicos bajo el régimen del artículo 9° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional. Esta extensión será válida hasta el 31 de marzo de 2025 y afecta a trabajadores cuyos convenios vencieron el 31 de diciembre de 2024, en sectores transitorios o estacionales.
Según fuentes oficiales, esta podría ser la última prórroga de los contratos. Los empleados deberán rendir una Evaluación General de Conocimientos y Competencias, que incluye tres etapas: comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública. Aquellos que aprueben podrán ser considerados por sus superiores y conservar sus puestos.
Hasta el momento, 14.00 empleados han rendido este examen, con un 95% de aprobación. No obstante, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la cifra real de empleados afectados supera los 55.000, incluyendo monotributistas bajo locación de servicios y 2.400 trabajadores vinculados a la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
ATE también advirtió sobre despidos en varias áreas del sector público, como el Ministerio de Justicia, el Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y Parques Nacionales. En el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, 87 empleados fueron notificados el 31 de diciembre de que no debían presentarse a trabajar, comunicándoles la decisión a través de mensajes de WhatsApp.
Además, el Gobierno publicó los decretos 1148/24 y 1149/24 en el Boletín Oficial, los cuales congelan la planta de personal en la administración nacional y limitan nuevas contrataciones. Las designaciones futuras estarán condicionadas a la baja de tres empleados existentes, salvo excepciones justificadas.
El decreto 1149/24 introduce una nueva condición para los aspirantes al sector público: a partir del 1 de marzo de 2025, deberán aprobar el examen de idoneidad ya implementado para los empleados actuales. Este requisito también se extenderá a las empresas con mayoría accionaria estatal.
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