FOPEA rechaza los cambios del Gobierno Nacional en la Ley de Acceso a la Información Pública

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió un comunicado en rechazo a los cambios que el Gobierno Nacional introdujo en la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y advierte que implican un grave retroceso democrático, ya que al limitar los datos que pueden ser proporcionados desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública.

“El decreto limita los datos que pueden ser solicitados, oscureciendo la gestión pública y desalentando la participación. Excluye información privada de funcionarios y documentos preliminares del acceso público” explicaron.

“La información en poder del Estado es de los ciudadanos, no del gobierno. Limitar el acceso a la información ataca los principios de transparencia activa en democracia. CIDH y organizaciones de Derechos Humanos señalan que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio mayor debido al interés público de sus actos. La ONU advierte que no deben existir "secretos" en un Estado democrático” agregaron.

“La creación de un registro que identifique a los solicitantes y sus solicitudes, es confuso y puede ser peligroso. FOPEA señala que debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada. Ponemos de manifiesto hoy, tal cual lo hicimos en 2016 cuando la ley se sancionó, que son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”.

“Hay sobrada jurisprudencia internacional y nacional en la que se ratifica que el acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros derechos, tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de mejorar sus condiciones de vida” detallaron.

”De tal manera, este derecho no puede ser restringido mediante un decreto del Poder Ejecutivo, sino únicamente por una ley dictada por el Congreso, de conformidad con los estándares internacionales que rigen la materia” finalizó el comunicado.