A 30 años del atentado a la AMIA: la búsqueda de justicia continúa
El 18 de julio de 1994, una bomba destruyó el histórico edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en una de las peores tragedias que ha vivido el país. A las 9:53 de la mañana, una explosión devastadora redujo a escombros la AMIA y varios edificios aledaños. El atentado dejó un saldo de 85 personas fallecidas y otras 300 heridas, muchas de las cuales se encontraban dentro del edificio o en sus inmediaciones.
La explosión no solo destruyó la AMIA, sino también más de 100 viviendas y comercios cercanos. La onda expansiva arrasó la cuadra de Pasteur al 600/700, lanzando autos, árboles, carteles y personas por los aires. Vidrios de ventanas estallaron hasta a seis cuadras a la redonda, y la magnitud de la pérdida de gas en la zona fue considerable.
La investigación del atentado estuvo plagada de trabas, zonas oscuras y una serie de idas y vueltas que prácticamente paralizaron la causa durante el gobierno del presidente Carlos Menem. A los 10 años del atentado, la investigación acumulaba unas 100,000 páginas y más de 1,500 carpetas con escuchas, pero el juicio iniciado en septiembre de 2001 terminó en 2004 con un fallo del Tribunal Oral Federal 3 que declaraba todo nulo debido a numerosas irregularidades.
En 2005, el presidente Néstor Kirchner calificó estas investigaciones como incompetentes y sin resolver, denominándolas una "deshonra nacional". El juez a cargo de la causa fue destituido. Ese mismo año, la CIA identificó a dos hermanos de apellido Berro, quienes vivían en Detroit, Estados Unidos, como posibles vinculados al atentado.
El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos formalmente acusaron al gobierno iraní de planificar el atentado y a Hezbollah de ejecutarlo. En noviembre de 2007, Interpol ratificó las conclusiones de la justicia argentina y el Gobierno argentino solicitó a Irán la extradición de los ciudadanos acusados.
A pesar de los avances, la investigación avanzó lentamente. En 2009, el juez federal Ariel Lijo procesó al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano, al jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y al ex comisario Jorge "Fino" Palacios, entre otros. Sin embargo, en 2012, Lijo sobreseyó al ex ministro del Interior Carlos Corach y a otros involucrados en la causa.
En enero de 2013, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un acuerdo con el gobierno iraní que incluía la creación de una Comisión de la Verdad para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol.
El 14 de junio de 2024, a 30 años del atentado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por la falta de verdad y justicia en la causa, ordenándole remover los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento. Entre las medidas ordenadas se incluyen:
- Reformar la normativa que regula el uso de información de inteligencia.
- Regular los procesos de desclasificación y permitir que las víctimas tengan acceso libre a la información desclasificada.
- Construir un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
Previo a este fallo, la Cámara Federal de Casación Penal había ratificado que el encubrimiento del atentado fue ejecutado por el poder político junto con los servicios de inteligencia, aunque las sanciones fueron leves. Ahora, la Corte Suprema de la Nación tiene en sus manos la posibilidad de revertir esta situación y brindar finalmente justicia a las víctimas y sus familias. La lucha por la verdad y la justicia continúa, con la esperanza de que, tras 30 años, se puedan cerrar las heridas abiertas por este terrible atentado.
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