El fiscal Guillermo Marijuan solicita la baja de 3.000 pensiones de beneficiarios que residen fuera del país. Marijuan envió una petición oficial a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras detectar que 2.954 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) no cumplen con el requisito de residir en Argentina para percibir el beneficio. Estos beneficiarios, que en su mayoría regresaron a sus países de origen, representan un costo de casi $450 millones para el Estado, según registros de Migraciones. Además, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social analiza otros 7.512 casos de titulares PUAM que mantuvieron intervalos prolongados fuera del país.

El oficio enviado por el fiscal Marijuan solicita la suspensión inmediata de las pensiones para aquellos beneficiarios que hayan salido del país durante la vigencia del beneficio, con el fin de evitar posibles conductas delictivas. Se destaca que los casos serán investigados de forma individual, lo que implica la apertura de cerca de tres mil expedientes. Además, se enfatiza en la necesidad de determinar quiénes cobraban las pensiones de beneficiarios que no residen en el país y qué funcionarios públicos permitieron esta situación. La ley 27.260, que establece la PUAM, exige como requisito mantener la residencia en Argentina para acceder y continuar cobrando la pensión, entre otros requisitos.