Victoria Montenegro, legisladora porteña de Unión por la Patria, ha presentado una denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra el Ministro de Defensa argentino, Luis Petri. La acusación se centra en la decisión de Petri de desmantelar el área de su cartera encargada de investigar los crímenes perpetrados durante la última dictadura militar en Argentina.

A finales de marzo, Lucas Erbes, director nacional de Derechos Humanos, reveló que diez de los trece trabajadores del área fueron despedidos y que se planea derogar las resoluciones que dieron origen a los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) de los archivos de las Fuerzas Armadas. Estos equipos, creados en 2010 durante la gestión de Nilda Garré, han estado operativos durante 14 años, contribuyendo con más de 170 informes en las causas de lesa humanidad.

Montenegro, quien preside la comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad, solicitó la intervención del Relator Especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, argumentando que el desmantelamiento de los ERyA podría obstaculizar las investigaciones judiciales y dificultar el acceso a la verdad. Montenegro enfatizó que la medida del gobierno "impacta directamente en el derecho de las víctimas directas, de sus familias y de la sociedad en general" a conocer la verdad y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de manera adecuada.