En medio de una creciente tensión entre el sindicalismo y el Gobierno argentino, la Secretaría de Trabajo ha rechazado el acuerdo alcanzado entre el Sindicato de Camioneros, liderado por Pablo Moyano, y las cámaras empresariales del sector. Esta decisión ha llevado a una advertencia por parte del Ejecutivo, que consideraría ilegítima cualquier medida de fuerza anunciada por el ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT) para este lunes.

La postura gubernamental, respaldada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se fundamenta en no homologar acuerdos salariales que superen la tasa de inflación. Guillermo Francos, ministro del Interior, reiteró en declaraciones radiales la clara posición del Gobierno: "No vamos a convalidar aumentos por encima de la inflación".

El acuerdo propuesto por Camioneros contemplaba un incremento salarial del 25% para marzo y un adicional del 20% para abril. Sin embargo, el Gobierno ha expresado su rechazo a validar estos aumentos, argumentando que la homologación de acuerdos paritarios "no es un acto automático". Según fuentes oficiales, el Estado tiene la responsabilidad de no perjudicar los derechos de terceros que podrían verse afectados por dichos convenios.

Esta posición se ve respaldada por las impugnaciones presentadas por diversas cámaras empresariales provinciales, entre las que se incluyen la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC) y la Unión Propietarios de Camioneros (UPROCAM) de San Juan. Según la Secretaría de Trabajo de la Nación, encargada de aprobar los acuerdos paritarios, "hasta que estas graves impugnaciones no se resuelvan, no se puede homologar el convenio".